Tanto Ipsos como GfK muestran en su primera encuesta la evaluación de Pedro Pablo Kuczynski. El Presidente de la República obtiene, en promedio, una desaprobación del 70.5% y una aprobación del 24%. En los dos sondeos llama la atención que, mientras la variable de zonas urbano/rural mantiene valores constantes, los niveles socioeconómicos indican diferentes opiniones (sobre todo en cuanto a la aprobación). En resumidas cuentas, los sectores A/B son quienes más aprueban al presidente y los sectores D/E lo desaprueban con mayor fuerza. ¿A qué se deben estas diferencias?
Las investigaciones lo exhiben ínfimamente, pero no se necesita gran esfuerzo para deducir que son los departamentos del centro y sur del país, y los sectores D/E quienes se solidarizan más con la causa de los maestros. De igual forma, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala y, principalmente, la ministra de educación, Marilú Martens, tuvieron una caída en su aprobación de 7% y 10% respectivamente. No es una caída tan grande como la del presidente; pero, sin duda, es una que de todos modos los perjudica. Por ejemplo, la interpelación que espera a Martens los primeros días de setiembre.
Otro punto a tomar en cuenta –entrando de lleno a la huelga de los maestros- es la gran aprobación de los encuestados frente a la evaluación de los docentes (más del 80% en ambos sondeos). Ahora, esto por sí solo no nos dice mucho. Sin embargo, Ipsos –quien más ahonda en relación a la evaluación de los catedráticos- nos muestra, a su vez, que este gran apoyo a la evaluación podría deberse a que el 85% de la población considera que su objetivo es capacitar (y no despedir) a los maestros.
A modo de conclusión queda decir que: mientras no haya diálogo entre el Estado y los maestros, los porcentajes de desaprobación del presidente y los ministros pueden mantenerse iguales, e incluso incrementar. De igual forma, es necesaria la comunicación entre los dirigentes de la huelga magisterial para así tener mayor orden y evitar los conflictos internos que limitan el consenso entre el gobierno y los huelguistas.

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